La ministra de Educación de Corrientes, Ana Miño, destacó el "espacio de diálogo" abierto con los gremios docentes tras el encuentro mantenido junto a su par de Hacienda, Marcelo Rivas Piasentini, y representantes sindicales, en el marco de las negociaciones de cara al inicio del ciclo lectivo 2026, quienes ayer alertaron que si no son escuchados por las autoridades peligra el inicio de clases.
En declaraciones radiales, la funcionaria subrayó que "pudimos escuchar las situaciones que nos plantearon en un espacio de diálogo", y confirmó que ambas partes resolvieron pasar a un cuarto intermedio hasta el martes 24 a las 10, cuando volverán a reunirse en la sede del Ministerio de Hacienda y Finanzas.
El titular de esa cartera, Marcelo Rivas Piasentini, declaró: "En términos de ingreso salarial docente estamos por encima de las provincias vecinas del NEA, con $909.000 de salario testigo sin otros aditamentos".
La reunión se desarrolló durante aproximadamente dos horas en el Salón de Acuerdos General San Martín y contó con la participación de los seis gremios docentes con representación sindical en la provincia. Según Miño, en el encuentro se abordaron tanto cuestiones salariales como aspectos educativos y administrativos.
En ese sentido, explicó que el Gobierno expuso la situación financiera provincial, detallando que el 85 por ciento de los recursos proviene de la coparticipación nacional y el 15 por ciento restante corresponde a recaudación propia. "Implica un trabajo muy responsable", señaló respecto de los eventuales incrementos salariales.

La ministra sostuvo además que Corrientes cuenta con "el salario testigo más alto del NEA" y remarcó que no es comparable aplicar un porcentaje de aumento sobre realidades salariales distintas. "No es lo mismo un incremento sobre 640 mil pesos que sobre 909 mil; las realidades son diferentes", expresó.
En paralelo, Miño se refirió al estado de los establecimientos escolares en el contexto de la medida de fuerza convocada por la CGT a nivel nacional. Aclaró que "la actividad es normal" en las escuelas y que se garantizará la inscripción de alumnos y la toma de exámenes.
También destacó que se ejecuta un programa de reparación en 200 edificios escolares, con el objetivo de finalizar las obras antes del 2 de marzo, fecha prevista para el inicio de clases, además de tareas coordinadas con municipios para limpieza y mantenimiento.
Sin embargo, desde el sector sindical el tono fue más cauteloso. El secretario general de la Asociación Correntina de Docentes Provinciales (ACDP), José Gea, valoró la instancia de diálogo pero lanzó una advertencia: "Si no somos escuchados en nuestros reclamos administrativos y pedagógicos, lamentablemente comenzaremos a hablar de otras estrategias. Peligra el inicio de clases".
El dirigente señaló que desde agosto no se otorgan aumentos salariales y reclamó una recomposición que impacte en el básico para respetar la carrera docente. También mencionó planteos vinculados a movilidad, estabilidad laboral y calendario escolar.
Gea consideró que el salario actual no logra cubrir el costo de la canasta familiar y sostuvo que el objetivo es superar la línea de pobreza que afecta a los trabajadores del sector. Aunque reconoció la apertura oficial y celebró la continuidad de las conversaciones, insistió en que sin respuestas concretas la conflictividad podría escalar.
Así, mientras el Gobierno provincial pone el acento en el diálogo institucional y en los números comparativos de la región, los gremios mantienen el estado de alerta a la espera de definiciones que garanticen el normal inicio del ciclo lectivo.

El subsecretario de Seguridad Ciudadana de Corrientes, Oscar Martínez, recibió un petitorio presentado por el sector de policías retirados nucleados en el espacio Policías Unidos, en el que se plantean una serie de reclamos vinculados principalmente a la cuestión salarial y a las condiciones laborales.
El encuentro se concretó por indicación del ministro del área y permitió formalizar la entrega de un documento que incluye entre cinco y seis puntos considerados prioritarios por los representantes del sector pasivo de la fuerza. Entre los ejes centrales figura el pedido de incremento salarial y la revisión del denominado "valor punto", mecanismo que incide directamente en la estructura de haberes del personal policial.
Además, durante la reunión se expusieron dificultades relacionadas con la cobertura médica brindada por el IOSCOR. Según señalaron, en algunos casos deben afrontar pagos adicionales para acceder a consultas o prestaciones, lo que genera un impacto económico en los retirados.
El petitorio también incorpora planteos vinculados a la provisión de uniformes completos, mejoras en las condiciones de trabajo del personal activo, equipamiento adecuado y la posibilidad de revisar la carga horaria, con el objetivo de optimizar el desempeño institucional.
Otro de los puntos destacados fue la solicitud de conformar una mesa técnica de diálogo con participación de representantes del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Hacienda, considerando que este último tiene injerencia directa en las definiciones salariales. Martínez aclaró que su intervención consistió en recibir el documento y elevarlo a las autoridades competentes.





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