En medio de las explicaciones que Juan Pablo Valdés expuso ante la prensa local sobre la demanda a Nación por el pago de regalías de hidroeléctricas en la Corte Suprema de Justicia -caso tratado esta semana que concluyó-, hubo un dato que casi pasa desapercibido. El propio Gobernador confirmó que la Provincia avanza en un acuerdo con el Gobierno nacional para compensar la millonaria deuda de la ANSES con el Instituto de Previsión Social (IPS) de Corrientes, correspondiente a la caja jubilatoria provincial que no fue transferida a la órbita nacional.
Las últimas estimaciones sobre el total de la deuda reclamada indican que hoy se superaría los $140.000 millones.
En sus declaraciones, el Mandatario aseguró que el entendimiento se encuentra en etapa final y que podría firmarse en los próximos días, aunque remarcó que Corrientes no desistirá de los reclamos judiciales en curso.
"Nosotros fuimos invitados, vamos a estar trabajando, ya estamos cerca y próximos de firmar el acuerdo para terminar de compensar las cajas, ya lo tenemos plasmado en papel", reveló JP Valdés al referirse a las negociaciones que se desarrollan entre la Provincia y Nación. En esa línea, detalló que "ya hay un borrador" del convenio y que restan definir aspectos técnicos. "Nos estamos terminando de poner de acuerdo en algunas cláusulas que habían generado alguna diferencia", agregó.
El Gobernador explicó que el entendimiento apunta a saldar una deuda histórica vinculada a los déficits previsionales que la Nación debe cubrir en las provincias que mantuvieron sus sistemas jubilatorios propios. "Esperemos que en los próximos días estemos ya firmando este otro reclamo que también está en la Corte", señaló, al vincular el tema con los procesos judiciales abiertos por Corrientes.
Valdés subrayó además que el acuerdo no implicará resignar derechos. "Debemos aclarar que nosotros no vamos finalmente a renunciar a los reclamos que corresponden de la provincia", afirmó, dejando en claro que el convenio sería un paso administrativo dentro de una negociación más amplia.

La discusión entre Corrientes y la Nación por la compensación previsional tiene antecedentes de larga data. La provincia decidió no transferir su caja jubilatoria al sistema nacional en la década del noventa, lo que implicó que el Estado nacional se comprometiera (por ley) a cubrir los déficits generados por el sistema previsional local.
Sin embargo, en los últimos años -desde al menos más de un lustro-, distintos gobiernos provinciales reclamaron el cumplimiento de esos compromisos. Durante la segunda gestión del exgobernador Gustavo Valdés, la Provincia avanzó con acciones judiciales ante la Corte Suprema para exigir la actualización de los montos adeudados. En ese contexto, se sostuvo que la deuda acumulada supera los montos reconocidos por Nación y que la compensación debe incluir tanto el capital como los intereses.
El propio Juan Pablo Valdés retomó ahora ese planteo y confirmó que la negociación actual se apoya en ese antecedente. "Este es otro reclamo que también está en la Corte", reiteró, al explicar que el acuerdo que se negocia no reemplaza la vía judicial sino que busca avanzar en una compensación parcial.
En el mensaje del 1 de marzo ante la Asamblea Legislativa, el Gobernador ya había advertido que la Provincia mantenía conversaciones con el Gobierno nacional por este tema y que se trabajaba en un esquema de compensación. En esa oportunidad, remarcó la necesidad de garantizar la sustentabilidad del IPS frente al contexto de caída de recursos y aumento del gasto previsional.

Las negociaciones por la deuda previsional se dan en un escenario financiero complejo para la provincia. Valdés reiteró en sus declaraciones que Corrientes atraviesa un período prolongado de caída de la coparticipación federal, lo que reduce el margen fiscal y obliga a priorizar gastos.
En ese marco, el Mandatario considera clave avanzar con la compensación previsional. La transferencia de fondos permitiría aliviar las cuentas del IPS y reducir el esfuerzo que realiza el Tesoro provincial para cubrir el déficit del sistema jubilatorio.
La estrategia oficial combina la negociación política con el sostenimiento de las acciones judiciales. "No vamos a renunciar a los reclamos", insistió Valdés, al dejar abierta la posibilidad de continuar con la demanda ante la Corte Suprema si no se alcanza una solución integral.
El Gobernador vinculó el avance en la negociación previsional con otros reclamos federales que mantiene la provincia ante Nación, entre ellos el litigio por las regalías hidroeléctricas de Yacyretá y Salto Grande.
Valdés recordó que la Corte Suprema ya convocó a una primera audiencia por ese planteo, el lunes último, y que se abrió una instancia de diálogo con el Estado nacional y la empresa CAMMESA. "Fue un momento histórico donde la Corte dio lugar a un reclamo que la provincia venía sosteniendo", indicó.
El objetivo de Corrientes es equiparar el precio de las regalías que percibe por el uso del agua de las represas con el que reciben otras jurisdicciones. "No queremos ni más ni menos que lo que se paga a otras provincias", afirmó el Mandatario.
En ese contexto, Valdés se mostró optimista respecto del proceso. "Soy muy optimista, vamos a continuar gestionándolo desde el reclamo judicial y desde la Secretaría de Energía", expresó.
El avance simultáneo de la negociación previsional y del reclamo por regalías revela la estrategia política del Gobierno correntino de reforzar su posición fiscal a través de acuerdos y litigios con la Nación.
El Gobernador destacó que ambos procesos apuntan a mejorar los recursos provinciales sin resignar autonomía. "Seguimos trabajando para defender lo que corresponde a Corrientes", aseguró.
Mientras se espera la firma del acuerdo por la compensación de la caja previsional, el Ejecutivo provincial mantiene abiertas las instancias judiciales y administrativas para consolidar una solución de fondo.
La definición de estos reclamos, coinciden en el Gobierno, podría impactar de manera significativa en la estructura financiera provincial y en la capacidad de inversión a mediano plazo.
Por su parte, el fiscal de Estado, Horacio Ortega, dijo sobre la reunión que "fue una audiencia muy importante", valorando que "la Corte reciba la demanda y podamos tener un diálogo", en donde "se busca una salida conciliatoria", dijo en declaraciones radiales.
Ortega recordó que "había una distorsión entre lo que se le pagaba a otras provincias y lo que se nos paga a nosotros" respecto de las regalías.
En cuanto a los fundamentos, expuso que "la energía que consumen las otras provincias la destinan a otros sectores, que es principalmente al sector industrial, pero nosotros estamos atravesando el segundo Pacto de Crecimiento y es imposible que logremos esto cuando no le damos una previsibilidad energética para que se puedan instalar las empresas".
Por ello, el reclamo -según recordó en la charla con FM Sudamericana- es que "se fije el precio dando el margen de lo que se paga en el mercado o que se abone lo mismo que otras provincias".





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