El Gobierno de Corrientes volverá hoy, miércoles 22, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco del reclamo por regalías hidroeléctricas que mantiene contra el Estado nacional.

La audiencia —segunda instancia de diálogo convocada por el máximo tribunal— se inscribe en una estrategia que combina negociación política y judicialización de recursos en un contexto fiscal restrictivo.

El gobernador Juan Pablo Valdés ratificó la postura provincial de exigir una recomposición del precio de la energía que percibe la provincia y sostuvo que el objetivo es "defender lo que le corresponde a los correntinos", dijo.

La convocatoria de este miércoles tiene como antecedente inmediato la audiencia realizada a mediados de marzo, cuando Valdés participó junto a su equipo técnico de un primer intercambio con representantes de la Secretaría de Energía de la Nación y de CAMMESA.

En esa instancia, desde la Provincia calificaron el encuentro como positivo y destacaron la apertura al diálogo institucional a esas alturas.

"Vamos a seguir dialogando y trabajando en defensa de lo que le corresponde a los correntinos, ni más ni menos", expresó entonces el Mandatario, marcando el tono de una estrategia que evita la confrontación directa, pero sostiene con firmeza el reclamo.

El eje de la demanda radica en la diferencia en el precio que Corrientes recibe por las regalías en especie -es decir, energía eléctrica- generadas por las represas de Yacyretá y Salto Grande.

La Provincia sostiene que existe una distorsión respecto de otras jurisdicciones, como Entre Ríos o Neuquén, que esas provincias perciben valores superiores por el mismo concepto.

En ese sentido, el planteo judicial apunta a que se establezcan parámetros objetivos de cálculo, vinculados al precio del Mercado Eléctrico Mayorista.

"Las regalías de Yacyretá y Salto Grande siguen restringidas, nos pagan una parte y nos deben mucho", había advertido Valdés en su discurso ante la Asamblea Legislativa de hace un mes y medio, reforzando el carácter histórico del reclamo.

Desde el entorno técnico provincial remarcan que no se discute ni el porcentaje de regalías ni la cantidad de energía producida, sino el valor que se le asigna.

Para la provincia de Corrientes, la discrecionalidad en la fijación de ese precio implica una pérdida de recursos clave para el desarrollo.

Segunda instancia

La audiencia de este miércoles se presenta como una instancia clave para avanzar hacia una eventual salida conciliatoria. Si bien desde la Provincia no esperan definiciones inmediatas, sí consideran relevante que la Corte haya asumido competencia en el caso y promovido el diálogo entre las partes.

En paralelo, el Gobierno provincial sostiene que los recursos en disputa tienen un impacto directo en su estrategia de crecimiento.

"Esos recursos pueden ser destinados al crecimiento industrial, económico y educativo", señalan desde el equipo económico, en línea con el planteo de dotar de previsibilidad energética a la provincia.

La discusión por regalías se inscribe, además, en una agenda más amplia de demandas a la Nación que Corrientes decidió canalizar tanto por vía política como judicial.

La demanda

El objeto de la demanda es que se le ordene a Nación dar pleno cumplimiento a los artículos 43 de la Ley N°15.336 y 33 del Decreto N°287/93 que refieren al valor de las llamadas regalías en especie que debe percibir Corrientes por la energía producida en las centrales hidroeléctricas Yacyretá y Salto Grande.

En su demanda, la Provincia también plantea la inconstitucionalidad del artículo 15 de la Resolución 20/17 de la Secretaría de Energía Eléctrica de la Nación y de los artículos 1 y 4 de la Resolución 17/19 de la Secretaría de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico.

Afirman, además, que existe un principio de asimetría con otras jurisdicciones como, por ejemplo, Entre Ríos.

Otros reclamos

Uno de los frentes más relevantes es el vinculado a la deuda previsional de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) con el Instituto de Previsión Social (IPS).

En ese caso, la Provincia logró recientemente un acuerdo que contempla un esquema de transferencias mensuales, aunque mantiene vigente el reclamo judicial por deudas anteriores.

"Logramos una gran victoria de la provincia de Corrientes en materia de compensación de los fondos jubilatorios", afirmó Valdés tras su última gira por Buenos Aires. El convenio firmado prevé un aporte mensual de 4.000 millones de pesos para sostener el sistema previsional.

Sin embargo, el mandatario dejó en claro que el entendimiento no implica resignar la vía judicial.

"La provincia mantiene su reclamo por deudas anteriores", subrayó, y agregó: "Así es, sigue nuestro reclamo".

En un contexto de caída de la coparticipación y presión sobre las cuentas públicas, Valdés defendió la estrategia de combinar negociación y litigio. "Tenemos nueve meses de caída en la coparticipación y eso nos obliga a ser prudentes", explicó la semana pasada, al tiempo que remarcó la necesidad de garantizar el funcionamiento del Estado.

"Lo que nosotros buscamos ahora es sostener, en este momento de la economía, los fondos del Instituto de Previsión Social. Esto le da tranquilidad al sistema y a los jubilados", sostuvo.

La audiencia de este miércoles en la Corte se inscribe, así, en una estrategia más amplia del Gobierno correntino para recuperar recursos en un escenario económico adverso. Con el reclamo por regalías como uno de los ejes centrales, la gestión de Valdés busca consolidar una agenda que articule diálogo institucional, presión judicial y planificación fiscal.

"Estamos acompañando al Gobierno nacional en lo que creemos correcto y en lo que ayuda a mejorar la Argentina sin perjudicar a Corrientes", sintetizó el mandatario, dejando en claro que la disputa por los recursos no implica ruptura política, sino una negociación permanente en defensa de los intereses provinciales.