El gobernador Juan Pablo Valdés atraviesa días de definiciones en los que confluyen dos ejes sensibles de la gestión: la política salarial y la relación institucional con el Poder Judicial. En un contexto económico adverso, marcado por la caída de la coparticipación y la presión de distintos sectores públicos, el Mandatario busca equilibrar las demandas de recomposición de ingresos con la necesidad de sostener el orden fiscal.

Por un lado, Valdés confirmó que durante mayo dará a conocer un nuevo incremento salarial para trabajadores estatales y jubilados. Si bien evitó precisar cifras, dejó en claro que la decisión estará atada a la evolución de los recursos provinciales. "En el mes de mayo estaremos haciendo anuncios salariales, viendo cuál es el panorama y tratando de que el anuncio sea lo mejor posible", afirmó recientemente.

El anticipo abre expectativas en la administración pública, aunque también refleja cautela. La provincia registra una merma sostenida en los envíos nacionales: según detalló el propio Gobernador, la coparticipación cayó en términos reales entre 6 y 8 puntos en los primeros meses del año. Este escenario condiciona cualquier mejora de mayor alcance.

"Vamos a continuar con una recomposición salarial sin poner en riesgo el sistema", subrayó Valdés, al tiempo que remarcó que las decisiones se toman en función de los recursos disponibles. "Entendemos las demandas y trabajamos de acuerdo a los ingresos que tiene la provincia, somos responsables", insistió.

El Mandatario también reconoció el malestar existente entre los trabajadores estatales, pero defendió la estrategia oficial de aumentos escalonados y de corto plazo. "Entendemos el disgusto, pero queremos cumplir en tiempo y forma con los salarios", señaló. En esa línea, sostuvo que el Gobierno prefiere evitar compromisos a largo plazo en un contexto de alta incertidumbre económica.

Capítulo clave de esta agenda será la reunión prevista para hoy con las máximas autoridades del Superior Tribunal de Justicia. Valdés se encontrará con su presidente, Guillermo Horacio Semhan, y con el fiscal general César Pedro Sotelo. Aunque formalmente el encuentro abordará "temas de interés común", el trasfondo está atravesado por la discusión en torno a un incremento del 6% que quedó en suspenso y que impacta directamente en la estructura salarial del Poder Judicial.

La cita aparece como un espacio de negociación y articulación entre poderes en un momento en que la cuestión salarial excede al Ejecutivo y se proyecta sobre todo el esquema estatal. La búsqueda de consensos será clave para evitar conflictos y dotar de previsibilidad a un escenario ya tensionado.

Así, entre la urgencia de recomponer ingresos y la necesidad de sostener el equilibrio fiscal, Valdés intenta administrar expectativas en una etapa decisiva para su gestión.

En paralelo, distintos gremios estatales se mantienen en estado de expectativa frente a los anuncios de mayo. Si bien no se han definido medidas de fuerza inmediatas, los reclamos por mejoras salariales continúan creciendo, especialmente en sectores como salud y educación, donde el impacto de la inflación se hace más evidente en los ingresos.

Fuentes oficiales señalan que el Gobierno analiza las alternativas para otorgar aumentos que contemplen la heterogeneidad del empleo público, sin perder de vista el objetivo de sostener el equilibrio fiscal. En ese marco, no se descarta la implementación de esquemas específicos para áreas críticas.

Reunión

El único antecedente institucional de una reunión de Juan Pablo Valdés con la cúpula del Poder Judicial de Corrientes fue el 9 de diciembre de 2025, último día como intendente de Ituzaingó, cuando entregó en comodato un terreno de propiedad municipal en la ciudad de Ituzaingó, destinado a la construcción de nuevas oficinas judiciales para el desarrollo de sus actividades institucionales del poder jurisdiccional y la producción de un plan de modernización.

La preocupante caída de la coparticipación

La persistente caída de la coparticipación suma presión sobre las finanzas provinciales y condiciona de lleno la discusión salarial que el gobernador Juan Pablo Valdés mantiene abierta con los distintos sectores del Estado, incluido el Poder Judicial. En ese marco, el deterioro de los ingresos aparece como un factor central de la cautela oficial a la hora de definir nuevos aumentos.

Por cuarto mes consecutivo, las transferencias automáticas a las provincias registraron números negativos. En abril, los envíos nacionales mostraron una caída real del 3,2% interanual, afectando a todas las jurisdicciones sin excepción. Para Corrientes, el impacto es significativo: en lo que va del año, la provincia acumuló una pérdida superior a los $51.200 millones a valores constantes.

Durante abril, Corrientes recibió más de $200.295 millones por coparticipación, leyes complementarias y compensaciones. Aunque el incremento nominal fue del 28%, al descontar la inflación se tradujo en una caída real del 2,9%, lo que implicó una pérdida de $6.040 millones en el mes.

Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la baja se explica principalmente por la menor recaudación del Impuesto a las Ganancias y el IVA, que en conjunto representan el 94% de la masa coparticipable y registraron descensos reales. Este comportamiento profundiza la tendencia negativa iniciada a comienzos de año.

Si bien Corrientes se ubicó entre las provincias con menor caída relativa, el escenario general sigue siendo adverso. A nivel nacional, la merma real de abril alcanzó los $184.000 millones, reflejando un contexto que preocupa a los gobernadores y complejiza la gestión.

Así, la combinación de menores ingresos y mayores demandas salariales configura un panorama desafiante.