Bajo la presidencia de Juan Francisco Bosco, el IMI concentrará áreas de modernización que hasta ahora funcionaban de manera dispersa y avanzará en la digitalización integral de trámites y servicios.

En términos operativos, el instituto se propone democratizar el uso de la firma digital, incorporar análisis de datos para mejorar la toma de decisiones y coordinar la aplicación de inteligencia artificial en la administración pública. Según explicó Bosco, la meta es que ciudadanos y empresas "dejen de perder tiempo en trámites y se enfoquen en lo primordial, que es potenciar la economía y generar empleo". La simplificación burocrática aparece así no solo como una mejora administrativa, sino como una herramienta de política económica.

El esquema se apoya en una articulación con la UNNE que excede la asistencia técnica. A través de un convenio marco y acuerdos específicos, la universidad participará tanto en el desarrollo de soluciones tecnológicas como en la evaluación de políticas públicas mediante su Observatorio.

Este doble rol -de soporte técnico y auditor independiente- apunta a reforzar la transparencia del proceso y garantizar que los desarrollos queden bajo titularidad provincial, en línea con el objetivo de construir soberanía tecnológica.

Paso estratégico

La iniciativa se inscribe en una estrategia de planificación de largo plazo. El ministro de Coordinación y Planificación, Carlos Vignolo, en diálogo con la prensa, remarcó que la creación del IMI constituye "un paso estratégico" dentro de un proceso que tiene antecedentes en el Pacto Correntino para el Desarrollo, incorporado con rango constitucional en 2007, y en el Plan Estratégico Participativo 2021.

"Tenemos que saber desde dónde venimos y tener en claro hacia dónde vamos", sostuvo, al tiempo que vinculó el nuevo organismo con la actualización en marcha del programa Corrientes 2030.

En ese sentido, explicó que durante la pandemia se produjo un punto de inflexión que aceleró la adopción de herramientas digitales y la virtualización de procesos. "El desafío es incorporar tecnologías que nos permitan brindar servicios más transparentes, dinámicos y ágiles, en sintonía con lo que hoy demanda la sociedad", señaló.

Para Vignolo, el IMI funcionará como un nodo que articule esa transformación, integrando capacidades del sector público, académico y privado.

El plan oficial también contempla un componente de desarrollo económico. La modernización del Estado se presenta como condición para atraer inversiones y fortalecer los parques tecnológicos, mediante una "reingeniería normativa" que garantice seguridad jurídica.

En esa línea, el Gobierno anticipó vínculos con instituciones internacionales, entre ellas la Universidad de Nueva York, con el objetivo de potenciar la formación de recursos humanos y la inserción de Corrientes en la economía del conocimiento.

La apuesta, según se desprende de las intervenciones oficiales, combina eficiencia administrativa con una narrativa de apertura al mundo. "Corrientes no espera el futuro, sino que lo va a construir", afirmó Bosco, al destacar que el organismo buscará optimizar recursos, reducir gastos y facilitar los trámites para el sector productivo. La premisa es transformar al Estado en un facilitador y no en un obstáculo.