Quince minutos después del mediodía, el gobernador Juan Pablo Valdés recibió en su despacho en Casa de Gobierno al presidente del Superior Tribunal de Justicia, Guillermo Semhan, y al fiscal general César Sotelo. Oficialmente hablaron trabajar en políticas públicas. El 6% a los judiciales fue el telón de fondo.

El Mandatario provincial recibió al titular del máximo tribunal, al jefe de fiscales en una reunión conjunta con el Fiscal de Estado Horacio Ortega y el Ministro de Hacienda y Finanzas, contador Héctor Grachot. Abordaron diversos temas aunque, oficialmente no se informó sobre cada uno de esos ítems.

No obstante, desde el STJ expresaron formalmente que coincidieron "plenamente en la defensa del sistema democrático y el fortalecimiento de las instituciones".

"Se destacó la importancia de garantizar la división de poderes, la autarquía del Poder Judicial y el principio de intangibilidad. Estos conceptos, sumados a la defensa constitucional de la imparcialidad de los jueces, fueron ratificados como ejes esenciales para asegurar la independencia de la Justicia", expresaron desde el máximo tribunal de Justicia a través de un comunicado.

"Trabajamos para garantizar la seguridad jurídica, el respeto por las instituciones y la democracia en la provincia", manifestó el Gobernador luego del cónclave en el cual ofició de anfitrión.

El de ayer, a su vez, fue un primer encuentro de una serie de reuniones que se mantendrán entre representantes de los poderes Judicial y Ejecutivo. Estarán orientadas a lograr acuerdos de políticas públicas, según se informó oficialmente.

"Tanto los representantes del Poder Judicial como del Ejecutivo Provincial coincidieron en que el trabajo coordinado y el respeto mutuo entre las órbitas del Estado son el camino para profundizar la calidad de las instituciones y brindar mayor seguridad jurídica a la ciudadanía", afirmaron desde el STJ.

El telón de fondo fueron las diferencias entre el máximo tribunal y el Ejecutivo en materia presupuestaria. Hace varios años que la Legislatura no incorpora en la discusión los números que proyecta la Justicia para su funcionamiento. El año pasado, las quejas las replicaron el senador radical Noel Breard e integrantes del peronismo en ambas cámaras.

Durante el debate por las proyecciones del ejercicio fiscal de este año, entonces el legislador de la UCR había señalado la necesidad de contar con instancias de diálogo entre los poderes.

Esto se debía a las diferencias en los números que proponía el STJ y el que finalmente replicaba Hacienda en el proyecto de Presupuesto.

Según la Ley de Presupuesto Provincial 2026 al Poder Judicial se asignaron más de $194.163 millones de los cuales el 84% se destinan a personal.

Estas no son las cifras finales ya que cada año, a raíz de la inflación, se refuerzan con partidas. Sin embargo, son números disímiles a los que proponía la Justicia para el año vigente.

En noviembre de 2025, el STJ presentó un anteproyecto de presupuesto por $299.375 millones que finalmente llegó con podas al recinto de la Legislatura.

Entonces se contemplaba una recomposición con gastos corrientes del 15% final para lograr la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores.

Así, el cálculo en Personal pasaría de $138.780 millones a $247.080 millones durante 2026. Los números finales no fueron tales.

En febrero pasado el Sindicato de Trabajadores de la Justicia de Corrientes (SITRAJ) reclamó una mejora salarial al máximo tribunal.

El STJ resolvió por acuerdo extraordinario una actualización del 6% con los sueldos de marzo y del 6% en abril para los trabajadores del sector.

De este modo se preveía una suba total de 12% en dos tramos. En acuerdo extraordinario, que llevaba la firma de cuatro ministros, se consideró necesario atender el impacto de la inflación en el poder adquisitivo del salario y recordó que, para garantizar un adecuado funcionamiento del sistema judicial, es imprescindible contar con recursos económicos suficientes.

Los judiciales recibieron su aumento de marzo, junto los demás estatales provinciales, pero no abril. Fue así que en abril SITRAJ reiteró su reclamo y demandó que se mantenga la autarquía de los poderes.

Entonces, Juan Pablo Valdés fue cauto y trasladó la definición al área económica: "Eso lo va a tener que resolver el Ministerio de Hacienda".

No obstante, había advertido que el déficit sería de unos $48.000 millones de pesos. Esto, en un escenario de caída de coparticipación.

En lo que va del año Corrientes perdió más de $51.200 millones en transferencias automáticas totales. La de abril fue la cuarta caída consecutiva del año y fue de 2,9% real e interanual.

En dicho período recibió más de $200.295 millones en concepto de coparticipación, leyes complementarias y compensaciones.

No obstante, el escenario adverso en lo económico, el Gobernador dejó en claro que la política salarial continuará, aunque con un constante monitoreo de la evolución de los ingresos.

"En el mes de mayo estaremos haciendo anuncios salariales, viendo cuál es el panorama y tratando de que el anuncio sea lo mejor posible", había afirmado.